El desplazamiento de la Tasa de Política Monetaria (TPM) hacia 2026 y su impacto legal en Honduras

El Programa Monetario 2025-2026, emitido por el Banco Central de Honduras (BCH), constituye una pieza central para comprender la evolución esperada de la Tasa de Política Monetaria (TPM) y su desplazamiento proyectado hacia el año 2026, con implicaciones directas no solo en la economía real, sino también en el ámbito contractual, financiero y contencioso-administrativo.

Desde una perspectiva jurídica, la TPM no es una variable abstracta: su comportamiento incide de manera directa en contratos de financiamiento, tasas variables, concesiones, asociaciones público-privadas (APP), contratación administrativa y en la sostenibilidad financiera de proyectos de largo plazo.

La TPM como eje normativo-económico

El propio BCH reconoce que continuará utilizando la TPM como instrumento central de política monetaria, junto con el encaje legal y las operaciones de mercado abierto, con el objetivo de mantener la inflación dentro del rango de tolerancia de mediano plazo y fortalecer la posición externa del país .

Esto implica que cualquier desplazamiento de la TPM hacia 2026 debe leerse como una decisión institucional deliberada, basada en supuestos macroeconómicos que impactan el marco jurídico en el que operan empresas, inversionistas y el propio Estado.

Contexto macroeconómico que explica el desplazamiento hacia 2026

El Programa Monetario parte de un escenario de inflación controlada, proyectando que esta se mantendrá dentro del rango objetivo de 4.0% ± 1.0% tanto en 2025 como en 2026 . Asimismo, las expectativas de inflación a 24 meses se ubican dentro de dicho rango, lo cual es identificado por el BCH como un factor clave para reducir presiones adicionales .

En este contexto, el BCH señala que evaluará permanentemente la pertinencia de sus instrumentos y adecuará las medidas de política monetaria en función de los cambios en las perspectivas económicas . Esta afirmación es jurídicamente relevante, ya que confirma que el desplazamiento de la TPM hacia 2026 será gradual, condicionado y técnicamente sustentado, no discrecional.

Trayectoria esperada de la TPM y señales regulatorias

Aunque el Programa Monetario no fija una tasa específica futura, sí deja claro que el ciclo restrictivo iniciado en años anteriores ha logrado normalizar el crecimiento del crédito al sector privado, el cual se proyecta en 9.5% para 2026, en línea con promedios históricos .

Esto permite inferir que la TPM tenderá a estabilizarse o desplazarse a niveles menos restrictivos hacia 2026, siempre que no se materialicen choques externos severos. Para el operador jurídico, esta señal es fundamental al momento de estructurar contratos de financiamiento, evaluar riesgos financieros y diseñar cláusulas de revisión o reajuste.

Impacto contractual y contencioso-administrativo

El desplazamiento de la TPM hacia 2026 tiene efectos concretos en:

• Contratos con tasas de interés variables, donde la TPM actúa como referencia directa o indirecta.

• Renegociación de deuda pública y privada, especialmente en proyectos de infraestructura.

• Equilibrio económico-financiero de contratos administrativos, principio clave en el derecho público hondureño.

• Reclamaciones contencioso-administrativas, cuando cambios en las condiciones financieras alteran la ecuación contractual original.

• Procesos de licitación y concesión, donde el costo del financiamiento incide en la oferta económica.

En este sentido, la evolución de la TPM puede convertirse en un elemento probatorio relevante en controversias contractuales, particularmente cuando se alegan hechos imprevisibles o alteraciones sustanciales del entorno económico.

Consideraciones finales

El desplazamiento proyectado de la Tasa de Política Monetaria hacia 2026 refleja una política monetaria prudente, previsible y alineada con estándares técnicos, pero también impone a empresas y entidades públicas la necesidad de anticipar ajustes contractuales y estratégicos.

En BARMED, analizamos estos instrumentos no solo desde la óptica económica, sino como fuentes indirectas de riesgo y oportunidad jurídica, acompañando a nuestros clientes en la toma de decisiones informadas en un entorno macroeconómico en evolución.